La administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita continuar las obras del nuevo salón de la Casa Blanca mientras se resuelve una apelación.
El proyecto cuesta aproximadamente 400 millones de dólares y ocupa unos 8.360 m² sobre el lugar donde se encontraba el Ala Este. La administración lo describe como parte de un complejo protegido necesario para la seguridad nacional.
Un tribunal de apelaciones sostuvo, por dos votos contra uno, que una intervención permanente de esta escala necesita autorización del Congreso. Por eso ordenó detener la construcción sobre rasante y dejó tiempo para recurrir.
El National Trust for Historic Preservation, que inició el litigio, sostiene que la presidencia no puede modificar unilateralmente un edificio público histórico. La administración argumenta que detener los trabajos ahora aumentaría costes y afectaría instalaciones de seguridad integradas en el proyecto.
PublicidadARQUITHEAArquitectura para mirar mejorIdeas, obras y herramientas para entender la ciudad desde preguntas reales.Sigue @arquithea_ ↗La controversia no es únicamente estética. Pregunta quién tiene autoridad para transformar físicamente uno de los edificios institucionales más reconocibles del país y qué controles deben completarse antes de comenzar.
El dato. el proyecto, la paralización y la solicitud al Supremo están confirmados. La necesidad exacta y la proporcionalidad de la intervención continúan en disputa judicial.
¿Puede una necesidad de seguridad justificar que se construya antes de completar la autorización pública?
La seguridad puede condicionar un diseño, pero no debería eliminar la revisión institucional de una transformación permanente del patrimonio público. La urgencia debe demostrarse, no utilizarse como sustituto de la autorización.
